Dos aviones secuestrados al empresario patagónico Lázaro Báez están a punto de ser cedidos por la Justicia a las fuerzas de seguridad federales para que se los utilice en el combate contra el delito. Según la Casa Rosada, esa cesión en vez de temporaria podría ser permanente y jurídicamente más sólida si se aprobase de una buena vez la ley de Extinción de Dominio, que apunta a recuperar bienes provenientes de la corrupción, el tráfico de drogas y el lavado de dinero y que se encuentra trabada en el Senado desde el año pasado.
En el oficialismo parlamentario se dice que la ley permitiría traspasar a la órbita de las fuerzas de seguridad centenares de autos, motos, lanchas y aviones que fueron secuestrados por la Justicia y que hoy se amontonan, mayormente, en galpones de la Gendarmería.
“Es una ley que el Poder Ejecutivo necesita para luchar contra el delito”, apuntó Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior de la Nación.
También hay inmuebles y campos. Es más: la Justicia intentó traspasarle, hace poco y de forma temporaria, tres campos en Corrientes a un área del Gobierno, pero la propuesta fue rechazada. “Dijimos que no porque no podíamos ocuparnos de una explotación agrícola”, explica un funcionario.
Ahora, la novedad es que el oficialismo está buscando cerrar un acuerdo parlamentario a varias puntas que permita finalmente la sanción de la iniciativa. Aún falta afinar los detalles, pero en el oficialismo se muestran optimistas.
Impulsada por Sergio Massa, la iniciativa obtuvo media sanción en Diputados en junio del año pasado, después del escándalo del ex funcionario kirchnerista José López y sus valijas repletas de dinero en un convento de General Rodríguez.
En el Senado la redacción del proyecto que aprobaron en Diputados fue criticada de manera bastante homogénea, incluso por el oficialismo.
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